Domingo 28 de mayo de 2023, Sant Francesc de Formentera. Los resultados de las elecciones municipales hacen rebosar de euforia la sala donde se han reunido los simpatizantes de Sa Unió, una coalición de dos grupos políticos de corte conservador: Partido Popular y Compromís amb Formentera. Los presidentes de ambas formaciones, José Manuel Alcaraz y Javier Serra, celebran entusiasmados la victoria junto a su cabeza de lista, Llorenç Córdoba, veterinario de profesión reconvertido en presidente del Consell de Formentera por obra y gracia del sufragio universal. No solo eso: Córdoba, que no está afiliado a ninguna de las dos formaciones, también será el diputado por Formentera en el Parlament balear.
Por primera vez en 16 años, la izquierda de la isla, representada por Gent per Formentera (GxF) y el PSOE, ha perdido el poder.
Miércoles, 24 de julio de 2024, también Sant Francesc, pero esta vez el escenario es la sala de plenos de la máxima institución insular. El presidente está huérfano de consellers, vicepresidentes y amigos. Todos menos uno de sus antiguos compañeros de coalición (de la que fue expulsado en enero de este año) han dimitido de sus cargos. Córdoba ha asumido las áreas de los dimitidos, así que, cuando llega el momento de las interpelaciones y preguntas, el 99% de las cuestiones van dirigidas a él.
Mientras responde, el único conseller en activo, Artal Mayans, actúa como presidente de la asamblea hasta que él mismo tiene una pregunta para Córdoba, así que tampoco puede dirigir el plenario. Consultado el secretario general del Consell, Ángel Navarro, este propone que sea el conseller de mayor edad quien lo dirija, no sin antes manifestar sus dudas al respecto, asegurando que: “Hemos entrado en una dimensión jurídica desconocida”. “Lo que pasa aquí es espectral”, añade, resumiendo en una palabra el desastre político, administrativo, legislativo y quizás jurídico en el que lleva sumida la institución desde hace ya nueve meses.
The full session of the Formentera Council. On the left, the councillors of Sa Unió and on the right, those of the PSOE and GxF. / D.I.
¿Qué ha pasado en este tiempo para que una feliz mayoría absoluta degenere en un presidente aislado y acorralado que se defiende como gato panza arriba negándose a dimitir a pesar de que se lo exigen por tierra, mar y aire?
Sobresueldos y chantajes
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Este esperpento empezó en noviembre de 2023 con un mensaje de apariencia naif que Llorenç Córdoba hizo llegar a los medios de comunicación: “Me planteo seriamente dejar de apoyar incondicionalmente al Govern balear del Partido Popular”. Sus por aquel entonces compañeros de Sa Unió aseguraban desconocer el origen o la finalidad del mensaje destinado al Ejecutivo de Marga Prohens (del PP).
Pero tan solo unos días después la estabilidad del Consell insular de Formentera saltó por los aires con una guerra fratricida con todos los ingredientes necesarios para conformar una exitosa telenovela de sobremesa: dinero, poder y familias (políticas) disfuncionales.
Tras el extraño comunicado de Córdoba, Sa Unió tardó muy poco en despachar a su presidente a muchos niveles: primero acusándole de chantajear al Govern balear pidiendo un sobresueldo de 4.000 euros mensuales para seguir apoyando al Ejecutivo en el Parlamento autonómico, después expulsándole de Sa Unió, y finalmente, abandonando las conselleries y vicepresidencias que ostentaban pero sin dejar su acta, provocando la desaparición de la Junta de Gobierno y, por tanto, la parálisis institucional.
Así, el principio del fin fue la filtración anónima de unas grabaciones que registró el popular José María Alcaraz durante una reunión con Córdoba donde el cabeza de la institución insular hablaba de su mala situación económica y exigía aumentar su salario a cargo de unos supuestos (e inexistentes) “fondos reservados” del Govern balear.
Córdoba cobraba 55.350 euros brutos como presidente, y entre 18.000 y 33.000 euros brutos por su actividad en el Parlament. Además de una asignación de la Autoridad Portuaria de Balears, pero según él mismo, “no llegaba”.
Tras esto, hubo cruce de peticiones de dimisión en el seno de la institución, concretándose en la destitución de Alcaraz de todos sus cargos el 27 de febrero. El presidente asumió las áreas del dirigente defenestrado y denunció ante la Guardia Civil la grabación y difusión de esas conversaciones privadas. Sa Unió, a su vez, denunció en mayo a Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en relación a la adjudicación de los chiringuitos de playa.
A finales de mayo parecía que la primavera había hecho efecto en unos y otros y, para sorpresa de todos, Sa Unió intentó un acercamiento con el primer presidente no adscrito de la historia del Consell pero sin retirar la denuncia. Para sorpresa de nadie, las conversaciones acabaron fatal y seis de los ocho consellers de Sa Unió dimitieron de sus cargos el 14 de junio. El séptimo, Alcaraz, ya estaba forzosamente dimitido y el octavo, Artal Mayans, consideraba que su área, Turismo y Vivienda, era demasiado importante para quedar sin conseller al mando, así que prometió dimitir “mañana” y ahí sigue hasta hoy, conformando junto a Córdoba lo que el secretario general califica de “restos de un gobierno”, que no un gobierno.
La oposición, de perfil
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A todo esto, la que debería ser la verdadera oposición en la isla, el PSOE y GxF, parecía estar como las vacas: mirando el tren pasar. Sus declaraciones no iban más allá del “Esto es un escándalo, qué vergüenza, todos deben dimitir….”. Su argumento era que se trataba de un problema político creado por Sa Unió y que ellos mismos debían solventar.
En el Govern balear, en manos de los populares, estaban hechos un lío: un día mostraban su apoyo a Córdoba (necesitan sus votos en el Parlament), al día siguiente respaldaban a su némesis, Alcaraz.
El 20 de junio empezaron los verdaderos Juegos del Hambre: Mientras el bloqueo institucional planeaba sobre Formentera, ya que la falta de Junta de Gobierno dificultaba la toma de importantes decisiones de tipo ejecutivo (esta entidad era la encargada de aprobar, por ejemplo, cualquier gasto en servicios o suministros mayor de 15.000 euros), GxF tomó la iniciativa abriendo negociaciones con Compromís y PSOE, sin el PP, para elevar una moción de censura. Un mes después, esta iniciativa fracasó porque tanto GxF como Compromís pretendían la corona de presidente del Consell y, claro, así no había manera.
Mientras ellos conversaban, el secretario general intentaba una salida legal temporal al bloqueo de la actividad administrativa y ejecutiva institucional sobre todo en la vertiente autonómica: aprovechando la doble condición del Consell de Formentera, que es a su vez ayuntamiento, proponía en un informe modificar el Reglamento Orgánico del Consell (ROC) y recurrir a la estructura de gobierno municipal, ya que la de Consell estaba bloqueada por no tener Junta de Gobierno. Así, las competencias de este último organismo se repartirían entre el pleno y el presidente. Pero su plan no convenció y el 11 de julio todas las formaciones políticas rechazaron en sesión plenaria la propuesta de funcionar como ayuntamiento.
A pesar de esta negativa, tan solo unos días después Navarro emitió otro informe por el cual y acogiéndose a la faceta de diputación que también posee Formentera, Córdoba podría firmar contratos de hasta 3,8 millones de euros. Este documento, de dudoso encaje legal como prácticamente todas las intervenciones que se han realizado durante los últimos meses para evitar la implosión total del Consell, se elaboró según el secretario “sobre todo para no perder los fondos Next Generation” que, en diferentes proyectos, suman hasta ocho millones de euros.
Ante esta nueva maniobra, los políticos de la isla mostraban su preocupación porque el documento otorgaba al presidente la capacidad de decidir sin ningún tipo de control el día a día de una institución con un presupuesto de 43,5 millones de euros. Muy contundente se mostraba Alejandra Ferrer, portavoz del GxF: “Esto es lo menos parecido a una democracia e incluso podríamos decir que se acerca a un golpe de estado en el Consell”.
Cuestión de confianza
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Los intentos para hacer salir de la presidencia a Córdoba continuaron ante su negativa a dimitir. En el siguiente pleno, todos los grupos aprobaron una proposición de Sa Unió que instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza, una herramienta que es en su definición potestativa del presidente, pues es él quien debe presentarla ante el plenario, pero que podría convertirse en obligatoria tras aprobarse las últimas dos proposiciones presentadas por Sa Unió y PSOE recientemente.
Así, tanto los conservadores como los socialistas han impulsado recientemente modificaciones en textos legales como son la Ley de Consells y el ROC para obligar a Córdoba a presentar una cuestión de confianza que tiene todos los visos de perder. Estos cambios legislativos precisan de una larga tramitación que forzaría a mantener la disfuncional situación actual entre tres y cinco meses más. Ante estas demandas, el presidente del Consell solo tiene una respuesta: “Me someteré a una cuestión de confianza cuando sea el momento, cuando considere que es beneficioso para Formentera.
En cuanto a una moción de censura, que sería el procedimiento más rápido para obligar a Córdoba a abandonar su cargo, no parece que pueda prosperar, ya que los partidos políticos no consiguen llegar a un acuerdo.
El primer intento de GxF fracasó, como ya se explicó. Y el segundo, promovido por Sa Unió, tuvo muy poco recorrido: la coalición formada por PP y Compromís pedía el 2 de agosto tanto a PSOE como a GxF que se sentaran a dialogar “sin líneas rojas”.
Los socialistas contestaron que sí, pero que antes Sa Unió tenía que volver a sus puestos “por responsabilidad”. Justo esto es algo que Córdoba lleva exigiendo a los miembros de la coalición desde que dimitieron: que cejen en lo que él considera una “dejadez de funciones” y vuelvan a sus conselleries y a la Junta de Gobierno.
Desde GxF, por su parte, rechazaron la propuesta e insistieron en su idea de que la única solución a este sinsentido es el adelanto electoral tras la declaración de ingobernabiliad del Consell, un planteamiento que no obtuvo ningún respaldo de las otras fuerzas.
Así están las cosas en Formentera cuando está a punto de finalizar una temporada turística que la isla ha superado haciendo equilibrios legislativos y administrativos entre lo alegal y lo legal. Con su máxima institución, el Consell insular, tocada de muerte y que se mantiene a flote por el empeño, más que del presidente, del secretario general quien, harto de jugarse el tipo y la reputación con sus hilvanes normativos que, como él mismo afirma, no pueden durar más de tres o cuatro meses, ha pedido ayuda al Consell Consultiu del Govern balear, equivalente en el gobierno autonómico del Consejo de Estado.
En un informe donde detalla el doloroso estado en el que se encuentra lo que queda de Corporación a todos los niveles, solicita un dictamen que dirima, con extrema urgencia, “la viabilidad jurídica del mantenimiento de la situación en el seno del Consell insular”.
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La idea es evitar que Formentera sea conocida en el futuro como la reedición de la Marbella de 2006, cuyo ayuntamiento fue disuelto por el Gobierno “por las gravísimas imputaciones judiciales” de parte de sus miembros.
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