A falta de un acuerdo de última hora que permita designar nuevo presidente –o presidenta– del Consejo General del Poder Judicial, y por ende, del Tribunal Supremo, el Rey Felipe VI será recibido el próximo jueves en la cita institucional más importante del ámbito de la justicia por un magistrado que ejerce en funciones la mayor autoridad en el alto tribunal. Fernando Marín Castán, a punto de jubilarse, le esperará por segunda vez a las puertas del Palacio de las Salesas para el Acto de Apertura del Año Judicial, acompañado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
A finales del pasado mes de junio, PSOE y PP lograron alcanzar un acuerdo y renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros habían superado su mandato en más de cinco años. Sin embargo, desde entonces la anomalía institucional que arrastra el Consejo General del Poder Judicial no ha podido superarse, y los nuevos veinte vocales –10 designados a propuesta del partido que lidera el Gobierno y otros tantos por el principal partido de la oposición– se han instalado en una dinámica de bloques que prorroga de facto el bloqueo del órgano.
Además de no haber elegido a su principal representante del Consejo, otras decisiones que han pasado por el Pleno, con funciones muy limitadas precisamente por falta de presidente, auguran un mandato bronco y con dificultad para alcanzar el consenso. Así se evidenció el pasado 19 de agosto, cuando el bloque progresista evitó que saliera adelante una propuesta de los diez vocales conservadores para amparar al Tribunal Supremo frente a las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, que habían acusado al órgano de extralimitarse por no aplicar la amnistía a los líderes del procés.
El bloqueo afectará previsiblemente a la solución del problema más acuciante que tiene ahora la justicia, si nos olvidamos de su lentitud y la falta de recursos en los órganos más pequeños. Se trata de designar un total de 98 vacantes en la cúpula judicial, 26 de ellas en el Tribunal Supremo según la última actualización ofrecida por este órgano. Ello supone que casi una de cada tres plazas de magistrado en el alto tribunal se encuentra vacía.
Los nombramientos en el alto tribunal, por la trascendencia política de algunas de sus resoluciones y el hecho de que sus magistrados sean los competentes para investigar y juzgar a aforados – -entre ellos diputados y senadores–, serán los más polémicos. En teoría, se contará con una nueva ley, que elaborarán los nuevos vocales según el acuerdo alcanzado por los políticos, en la que ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras porque todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos –es decir, 13 vocales en vez de 11–. Es decir, o hay consenso, o no se rellenarán las plazas.
Álvaro García, en la picota
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El acto del jueves contará con otra anomalía, como es la decisión pendiente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con respecto al fiscal general. El pasado 15 de julio, el juez Francisco Goyena, que investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, elevó al alto tribunal una exposición razonada para que, en su caso, impute García Ortiz por este asunto. No existen precedentes en democracia.
Por el momento, García Ortiz mantiene que el hecho de que se haya elevado una exposición razonada en su contra “no alterará el normal funcionamiento de la institución ni su trabajo ordinario” al frente del Ministerio público. La situación, no obstante, arroja sombras sobre su presencia en la celebración del acto de Apertura de Tribunales, donde el fiscal general realiza un discurso ante el Rey resumiendo la última Memoria de su departamento.
La causa que salpica al fiscal general no es la única sobre la que algunos arrojan dudas de “politización” de las que se instruyen a día de hoy en los tribunales españoles y que aventuran un inicio de Año Judicial algo revuelto.
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Antes incluso de que se produzca el acto de Apertura dos jueces diferentes han aprovechado el verano para impulsando dos causas de especial repercusión política. El juez Juan Carlos Peinado ha retomado la instrucción contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, apuntando a la financiación de la cátedra y el contacto con Globalia. Por su parte, la Audiencia Nacional ha reclamado al Gobierno el informe de auditoría impulsada por el ministro de Transportes Óscar Puente que señala irregularidades en las adjudicaciones a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión, un encargo que se gestionó mediante dos órdenes de compra firmadas por su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.
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