La Fiscalía provincial de Córdoba advierte, «con preocupación, del aumento exponencial de nuevas parcelaciones denunciadas» en la memoria de actividad del año 2023, que ha sido difundida en los últimos días por la Fiscalía Superior de Andalucía.
En este sentido, en el ámbito del medio ambiente, el Ministerio Público destaca la comisión de este delito y abunda en que «los juzgados de lo Penal vienen condenando este tipo de conductas y aceptando, como regla general, la demolición como consecuencia del delito».
Además, detalla que «se constata el recurso, cada vez más frecuente, de la implantación de casas prefabricadas para intentar soslayar la legislación urbanística». Así, respecto a las demoliciones de las viviendas, explica que «se solicita que la suspensión de la pena se supedite al cumplimiento efectivo de la demolición, dada la especial naturaleza de esta consecuencia del delito».
Por otra parte, la Fiscalía indica que, en esta provincia, «los delitos más relevantes en materia de medio ambiente se refieren a la contaminación de ríos por aguas residuales y vertidos del residuo de las cooperativas olivareras».
[–>En cuanto a la actividad desarrollada en otros ámbitos, cabe reseñar, entre otros, el social, donde a nivel andaluz «el sentir de los fiscales que atienden esta jurisdicción es el de total saturación de los juzgados de lo Social, debido al volumen de asuntos entrantes, y el de la frustración de los fiscales que atienden el servicio, al no poder atender al 100% esta jurisdicción cuando el Ministerio Fiscal es citado a juicio debido, principalmente, al escaso número de fiscales (…) y a la falta de colaboración de los juzgados».
En Córdoba, la fiscal subraya el aumento de las demandas registrado a raíz de la entrada en vigor de la Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, y precisa que se han abierto un centenar de procedimientos por este motivo.
Junto a otros asuntos, el Ministerio Público destaca que han disminuido las demandas de despido por razón de embarazo, mientras que se mantiene el número de demandas planteadas por situaciones relacionadas con la libertad sindical.
Un 12% de los reclusos tienen discapacidad o trastorno mental
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En su memoria del año pasado, la Fiscalía alerta de que “las cifras de personas con discapacidad psíquica y trastorno mental que cumplen penas privativas de libertad e incluso medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios no para de aumentar“.
Este documento precisa que los datos facilitados por la Fiscalía de Córdoba elevan a 132 el número de internos con discapacidad psíquica y 50 tienen trastorno mental, “lo cual representa entre el 10% y el 12% de la población reclusa total”, manifiesta.
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Desde hace algún tiempo, el Ministerio Público advierte de que “la generalización de los juicios rápidos, en los que la discapacidad o el trastorno pasan generalmente inadvertidos, unida a la falta de un estatuto jurídico procesal penal de las personas con discapacidad explican esta lamentable e injusta situación“.
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