La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha absuelto al gerente de una empresa que fue acusado de, supuestamente, estafar un millón de euros a través de créditos en la obra de un edificio de la Universidad de Córdoba. El Ministerio Fiscal le atribuía un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con una estafa, y reclamaba que se le impusieran, entre otras penas, seis años de prisión y una indemnización de 1 millón de euros para el banco.
En este sentido, el acusado estaba al frente de una empresa y de una unión temporal de empresas constituida para reformar el edificio Da Vinci del campus universitario de Rabanales y urbanizar su entorno. Los hechos que le han llevado al banquillo ocurrieron en 2008, justo en el inicio de la última crisis de la construcción.
La sentencia, que ha sido recurrida en casación, recoge como probado que el encartado firmó varias remesas de créditos, por un valor próximo a 1,3 millones de euros, empleando una herramienta contratada con una entidad financiera (confirming) para los pagos a proveedores. Estas cantidades entraron en las cuentas de su empresa y se destinaron a abonar obligaciones de esta entidad, pero no fueron reintegradas por la UTE al banco.
La socia y el banco, acusaciones particulares
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Así, tanto la empresa socia como la entidad financiera han ejercido acusaciones particulares en el juicio. Finalmente, el banco, que le reclamaba una indemnización de 1 millón de euros, entre otras penas, retiró la acusación contra el imputado. De su parte, la socia había reclamado que el acusado indemnice al banco en 799.368 euros y se había reservado las acciones civiles que le correspondan en relación a la cantidad de 475.210 euros que el banco le cobró (como responsable solidaria) por los referidos créditos. Precisamente, la sentencia apunta que los 799.368 euros están siendo reclamados en un procedimiento que se sigue en un juzgado de Primera Instancia cordobés.
El fallo de la Audiencia cree probado que la empresa del acusado tenía “graves tensiones de tesorería derivada de la problemática de esta y otras construcciones para la Universidad de Córdoba, pues existían retrasos en el pago”. En esta línea, indica que “la problemática con la Universidad y su financiación es púbica y notoria, y tiene evidente relación con el concurso de Ecasur (la empresa para la que trabajaba el acusado) y con otros procedimientos concursales que, además, coincidieron con la crisis de la construcción”.
Respecto a los delitos de los que se acusaba al encartado, la sentencia destaca que “para que concurra el delito de estafa debe existir engaño y cuando los documentos que dan lugar a la financiación obedecen a una realidad consentida, no puede existir tal”.
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A esto añade que “desde el punto de vista jurídico, resulta imposible la condena por falsedad documental”, y aclara que “en ningún caso puede afirmarse que un documento es falso cuando además (…) lo declarado en el mismo era conocido por la entidad ahora reclamante”. Así las cosas, la sentencia absuelve al acusado de estos delitos y también a la empresa para la que trabajaba.
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