Agentes de la Policía Nacional han desarticulado con la detención de 25 personas una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los arrestos se han llevado a cabo en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.
La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo.
Análisis informático
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En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.
Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.
En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización.
Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.
Solicitud de ayudas
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Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.
El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.
A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios
En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas.
De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.
Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios.
Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.
16 registros
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La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.
Desde el momento inicial de la investigación antes descrita, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas -Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)- resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.
Denuncia de Madrid
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Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda Y empleo han detallado a Europa Press que en octubre de 2022 la Dirección General del Servicio Público de Empleo puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitó una auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.
Según la Comunidad, las actuaciones que realizaba se hacían de forma remota y reiterada. Además, el 89% de estas gestiones estaban vinculadas a perceptores de algún tipo de prestación o se les ha reconocido ese derecho tras los movimientos realizados por la trabajadora.
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Tras la auditoría y recabar la información pertinente, en diciembre de 2022 la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia contra dicha trabajadora, haciéndose cargo de la investigación la sección de ciberseguridad de la Policía Nacional. Más tarde, el SEPE se sumó a la denuncia.