Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ se enfrían. Tanto es así que la reunión convocada por el mediador de la UE, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha desaparecido de su agenda. Tras convocarse el viernes pasado, materializando su propuesta de celebrar una reunión en Madrid a finales de marzo, coincidiendo con el plazo de dos meses que dio a los interlocutores para llegar a un acuerdo, este lunes ha decidido posponerla. Tras constatar que las partes “necesitan más tiempo”.
Desde el Ejecutivo muestran resignación, aunque evitan cargar las tintas y se limitan a asegurar que “estamos a lo que diga Reynders” para intentar reconducir las conversaciones. Eso sí, mantienen su pretensión de que primero se desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces y después se reforma la ley del poder judicial. El PP, en cambio, quiere garantizar que renovación y reforma se pactan al mismo tiempo.
Fue el propio portavoz del PP, Borja Sémper, el que también confirmó que el encuentro no se produciría. “Esa reunión no está confirmada. Y yo creo que no se va a producir este miércoles. Pero se celebre cuando se celebre, nuestra posición no ha cambiado”, aseguró en una rueda de prensa en Génova tras el comité de dirección previo a la Semana Santa. Ya hace días los populares rebajaron las expectativas de que la tercera reunión entre el comisario y los interlocutores de Gobierno y PP fuera a tener lugar antes de que acabara el mes de marzo.
En el PP insisten en que el encuentro estaba previsto para un día en mitad de las fiestas de Pascua e insisten en que se trata de un “aplazamiento” y en ningún caso una cancelación. Es más, fuentes conservadores aseguran que el partido de Feijóo no se plantea en ningún caso “romper esas relaciones”, incluso cuando Reynders abandone el cargo actual para competir por la presidencia del Consejo de Europa, lo que implicaría un nuevo mediador si las conversaciones siguen vivas.
Nuevas dificultades
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Los populares afirman que se mantendrán “sentados en la mesa” exigiendo, como vienen haciendo, una reforma en el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para ahondar en la independencia judicial. Y en ese sentido, Sémper insistió: “Nuestra posición política es la conocida, la de la defensa de la separación de poderes. Y creemos que la independencia judicial no es compatible con que una ministra lo sea un día y al siguiente sea fiscal general; o que miembros del Gobierno llamaran en su día a los jueces fachas con toga; o asumir que las resoluciones deben de ser respetadas, también las que no nos gusten”.
Hace unos días, desde el congreso del PP europeo en Bucarest, Esteban González Pons fue muy crítico con las posibilidades del acuerdo, asegurando que la propia tramitación de la ley de amnistía dificultaba avanzar en las conversaciones. El PP dice que se mantendrá sentado, pero las expectativas son cada vez menores.
Fuentes comunitarias, citadas por Europa Press, subrayan que la razón del aplazamiento “en absoluto” tienen que ver con cuestiones de agenda del comisario, que “está disponible” para desplazarse a Madrid “en cuanto las partes estén preparadas para reunirse”.
Mediación europea
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Esta era la tercera cita de estas características y el calendario apremia, pues los plazos establecidos para un acuerdo se fijaron a finales mes porque Reynders deberá dejar su cargo de forma temporal en la Comisión Europea al ser candidato para presidir el Consejo de Europa. Desde el Gobierno nunca quisieron ser optimistas sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, tras varios intentos fallidos y más de cinco años desde que caducó el mandato de sus miembros, pero ahora confían en la presión de Bruselas para que no haya marcha atrás. Los socialistas subrayan en que están “negociando según criterios y el procedimiento que pidió el PP”.
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El nudo gordiano en las negociaciones tiene que ver con la reforma de la ley del poder judicial. El PSOE apuesta por renovar primero y posteriormente pactar los cambios en el sistema de elección. Dos pasos por separado que, según defienden, es lo que ha pedido también la UE. La propuesta del PP pasa por renovar el CGPJ con el sistema vigente y de forma paralela acordar la reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces quienes elijan la mayoría de los vocales.