El Gobierno no renuncia a su agenda legislativa pese a las dificultades impuestas por el adelanto de las elecciones catalanas y la prórroga de los Presupuestos. Para intentar retomar la iniciativa en un contexto de debilidad para Pedro Sánchez marcado también por el caso Koldo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el plan anual normativo para 2024. Anteponer las propuestas, con una hoja de ruta centrada en sacar adelante el programa de la coalición, al “ruido” ambiente de las últimas semanas. Un contexto marcado por la elevada confrontación política entre los dos principales partidos, hasta el punto de traspasarse las barreras personales, y las posiciones de máximos de los socios independentistas ante la convocatoria de comicios catalanes.
El plan normativo, con todo, será más descafeinado que el aprobado en años pasados. La presente legislatura ya se afrontó desde la perspectiva de aprobar menos leyes, con una menor “hiperactividad” legislativa. Por un lado, según se argumenta, por enfocarla como una legislatura más de consolidación del proyecto de Gobierno que de despliegue. Por otro, debido a la aritmética parlamentaria, sin posibilidad de geometría variable y la necesidad de hacer equilibrios con un heterogéneo bloque de investidura compuesto por fuerzas con tendencia más conservadora (Junts, PNV y CC) y progresista (ERC, EH Bildu y BNG).
Desde el Ejecutivo dividen su plan legislativo en tres ejes de acción. La “transformación” del sistema productivo, el refuerzo del Estado de bienestar y la ampliación de derechos y libertades. Concretamente, algunas de las medidas que se pretenden desarrollar de aquí a final de año, según ha podido saber este diario, son la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido, la resignificación del Valle de los Caídos, la nueva cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la ley antialcohol en menores para endurecer la venta y la publicidad comercial o la nueva legislación para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El desarrollo de la hoja de ruta del Gobierno para el primer año de esta legislatura queda al albur de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. De que ERC y Junts mantengan sus estrategias en el Congreso. Si tras el próximo 12 de mayo conservan los incentivos suficientes para seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez en función de sus resultados y los pactos postelectorales. De ahí que hasta resolver este escenario, el plan discutido remitido al Consejo de Ministros de este martes será más una declaración de intenciones.
Por el momento, el sobrevenido adelanto electoral en Cataluña ha obligado a prorrogar los Presupuestos de este año, la principal ley que puede promover el Ejecutivo. Con ello, se quedan en el aire también el apoyo del resto de socios de investidura al estar ligadas a las cuentas públicas una buena parte de sus compromisos de investidura. Un apoyo que es más imprescindible todavía para garantizar la aprobación de las medidas que se prevén desarrollar a través de reales decretos.
Reales decretos
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El plan normativo para 2024 incluye, según fuentes del Gobierno, decretos orientados a la regulación para la evaluación de riesgos laborales en los hogares, a desarrollar el reglamento de las medidas de igualdad LGTBI en el ámbito laboral, impulsar el contrato formativo o trasponer directivas europeas. Ante la dificultad de negociar con sus socios, como se comprobó en los tres primeros decretos de la legislatura, el Gobierno se comprometió a priorizar su iniciativa mediante proyectos de ley para poder incorporar enmiendas.
El Ejecutivo confía en no pausar del todo la actividad legislativa hasta el 12-M, aun limitándola a medidas que no entren en el marco de la pugna política entre ERC y Junts. En medio del envite por el caso Koldo y la prórroga de los Presupuestos, en Moncloa necesitan mantener la iniciativa para combatir el mensaje de la parálisis. Asimismo, las medidas del plan de recuperación calendarizadas para este ejercicio son condición expresa para seguir recibiendo los fondos europeos en tiempo y forma.
El anterior plan normativo ya redujo el número de medidas en un tercio, precisamente, por el calendario electoral. Entonces se priorizaron los hitos comprometidos en el plan de recuperación. Su cumplimiento ya fue muy reducido al decaer la legislatura por la convocatoria electoral del 23-J. En los primeros desde la investidura, el Ejecutivo ha recuperado ya varios de los anteproyectos de ley que decayeron para volver a enviarlos al Congreso. De este modo, medidas como la ley contra la trata, la de autoridad de defensa del cliente financiero, la de familias o la de bomberos forestales aparecerán como hitos cumplidos en el informe de evaluación del plan anterior que acompañará el plan.
Reducción de la semana laboral
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La reducción legislativa prevista, en comparación con otros ejercicios, se salva en parte gracias a la actividad de los ministerios de Sumar. Una de las medidas estrella, como se pactó en el programa de Gobierno, tiene que ver con la disminución de la semana laboral sin reducción salarial. El plan pasa por una reducción escalonada. Aunque los detalles dependen de los avances en la mesa de negociación con los agentes sociales, la previsión es que este 2024 se reduzca a 38,5 horas y en 2025 a 37 horas. En la mesa de negociación con los interlocutores sociales se tendrán en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
La reforma del despido, que también está previsto llevar al Consejo de Ministros antes de que acabe este año busca reforzar la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Asimismo, en línea con dar cumplimiento al desarrollo de la ley de memoria democrática, el ministerio de Política rescata la resignificación del Valle de los Caídos, para convertirlo en un lugar de memoria democrática de carácter civil. Esta última medida se incluyó en el plan anual normativo de 2023 y no llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros por el adelanto de las generales.
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Otras de las medidas de la norma que se incluyen en el plan normativo tienen que ver con la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, la creación del Centro Museo de la Memoria Democrática o el impulso de la comisión que estudiará la represión política durante la Transición. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y hasta el 31 de diciembre de 1983, un año después de la llegada al Gobierno de Felipe González. Sus conclusiones servirán para señalar “posibles vías de reconocimiento y reparación” de las víctimas y está previsto aprobarla en el Consejo de Ministros a lo largo de este mes de abril.