La aprobación de la ley de amnistía no es más que “la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del Presidente de Gobierno”. Así de rotundo se muestra el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en un texto de diez páginas con el que justifica su voto en blanco en el Pleno del pasado jueves que dio luz verde al informe que este órgano elevará al Senado sobre la proposición de ley.
El documento no constituye ni siquiera un voto particular al respaldado por nueve de los vocales, pero será remitido igualmente a la cámara alta junto al reto del expediente, señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes del órgano.
En su contenido, va más allá del análisis jurídico apoyado por sus compañeros y, pese reconocer que “el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas“, llega a decir que el proyecto del Gobierno y sus aliados políticos “no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables”.
En su texto, Guilarte no cree que en el “interés general que se busca alcanzar propiciando con esta ley la pacificación política y convivencial de Cataluña”. Se trata de una finalidad que, a juicio del presidente del Consejo, “nunca fue esbozada previamente en el programa electoral de su otorgante”, es decir, el PSOE. “Resulta coherente analizar, tal y como se ha hecho, si para alcanzar tal fin el medio utilizado es adecuado, necesario y proporcional”, añade, en justificación de su análisis.
Apunta igualmente a uno de los puntos del pacto de investidura donde “de forma totalmente inusual y atípica” se apunta “la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts”. Se trata, a juicio del presidente del Consejo del Poder Judicial, de una “prestación cumplida y que contractualmente coloca a Junts en condiciones de exigir las obligaciones causalmente enlazadas” con este pacto, si bien existe el “compromiso final de “estabilidad de la legislatura” sujeta al cumplimiento de todos los previos acuerdos“.
Para el presidente del órgano de gobierno de los jueces la existencia de este “intercambio” afecta a la legalidad de la norma. “Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de precio de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa”, llega a afirmar.
Lawfare y mediador
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Por otro lado, alude al lawfare en relación con la aprobación de “Comisiones Parlamentarias, con citación de jueces, cuya presencia sin duda pende de la voluntad de la mayoría” en las Cortes. Añade sobre esta cuestión que no existe noticia de la consensuada aprobación de este pacto que forma parte unitaria de la prestación donde se contiene la aprobación de la Ley de Amnistía. “Tal continuidad, de ser cierta, aboca fatalmente a la nulidad radical del pacto y, desde una perspectiva constitucional, caso de formar parte inescindible con el ofrecimiento de la ley de amnistía, llevaría sin duda a la inconstitucionalidad de la prestación unitariamente comprometida”, agrega.
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Lamenta también que, al parecer, “hay un verificador extranei que periódicamente se reúne con las partes del acuerdo político para verificar el cumplimiento de las prestaciones comprometidas” de lo cual pende como acuerdo final la estabilidad de la legislatura, “sin que se tenga noticia real de variación novatoria alguna de los compromisos adquiridos”.